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El recorte en las cuentas públicas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha metido en los presupuestos del próximo ejercicio no solo ha acabado con la mejora prometida a las pensiones de viudedad, sino que también afecta a los huérfanos mayores de 21 años. Los nuevos presupuestos citan textualmente que la pensión de orfandad reconocida para los huérfanos que se sitúan en esta horquilla “siempre que no estén incapacitados para todo tipo de trabajo desde antes de cumplir dicha edad o a la fecha del fallecimiento del causante”, serán incompatibles con la percepción de ingresos.

Las restricciones presupuetarias para el próximo ejercicio suponen un verdadero jarro de agua fría para los beneficiarios, que confiaban en mantener una de las pensiones más bajas del sistema público de protección social. Los afectados dispondrán de dos meses, enero y febrero, para elegir entre la pensión de orfandad o las rentas adicionales. “Transcurrido dicho plazo sin que se haya ejercitado la opción, se entenderá que optan por percibir las rentas o ingresos sustitutivos del salario y se suspenderá el abono de la pensión”, sentencia el texto.

La ley de reforma de la Seguridad Social, publicada en el BOE hace poco más de un año, extendió la pensión de orfandad hasta los 25 años en los casos en los que los jóvenes que la reciban no trabajen o perciban una remuneración inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En los seis primeros meses de seu puesta en marcha, más de 2.500 personas se beneficiaron de la nueva regulación que en aquel momento fue aplaudida por ser “un gran avance” en la acción protectora del sistema de Seguridad Social.

Un coste de 2,7 millones de euros en medio año

El PSOE planteó la modificación en la normativa porque consideraba que la previsión de aplicación paulatina del nuevo límite de edad en el caso de orfandad simple hace de peor derecho a estos huérfanos, ya que la aplicación estricta de la ley provoca que con 22 años o bien pierdan la prestación o no generen el derecho. Según los cálculos del Gobierno, el gasto derivado de la nueva regulación de la pensión de orfandad se eleva a los 2,7 millones de euros en los seis primeros meses de su puesta en marcha.

La norma pretendía que todos aquellos huérfanos que se encuentren dentro de los nuevos límites legales (los que ahora erradica el Ejecutivo) puedan recuperar la prestación perdida o generar el nuevo derecho a la pensión, como sucede en otros supuestos de orfandad. Con el nuevo ajuste, Mariano Rajoy incumple el acuerdo firmado por el anterior Ejecutivo.